¿Estamos preparados para el fin de la moratoria concursal? Esta pregunta salta en muchas conversaciones jurídicas este mes. ¿Están nuestros juzgados listos para la avalancha que muchos vaticinan desde el sector de la insolvencia?
¿Está nuestro tejido productivo, laboral y financiero preparado para el golpe? ¿Hemos hecho los deberes?
Cualquier repaso al quiosco de prensa del día es demoledor:
Desde ANEES, ya venimos advirtiendo de este mar de fondo constante desde el inicio de la pandemia. Nuestros compañeros del sector de la insolvencia, —los administradores concursales—, también avisan de manera insistente de que miles de empresas optarán directamente por su disolución, debido a lo tarde que llega el concurso para ellas. Recordemos que existe una vinculación estadística muy clara entre la eficacia del concurso y la detección temprana de la situación de insolvencia.
Deadline próximo 30 de junio. La Comisión Europea, en esa fecha, tiene previsto poner fin a las medidas de contingencia que se aprobaron a cuenta de la COVID-19.
«Un paso que supone la liquidación definitiva de apoyos como el fondo de rescate para grandes compañías estratégicas.»
Diario ABC
Fin de la moratoria concursal
También verá llegado su fin —aunque siempre podemos esperar un volantazo de última hora—, la moratoria concursal, es decir, la suspensión de la obligación de solicitar el concurso de acreedores. La moratoria concursal ha sido una medida que ha suspendido, en los dos últimos años, la obligación que tienen todas las empresas de pedir el concurso en los dos meses posteriores al conocimiento de la insolvencia. Es decir, que un escenario normal, una empresa que constata que tiene problemas para hacer frente a sus compromisos de pago, tiene que solicitar el concurso en los dos meses posteriores a este suceso.
Con la moratoria, queda a criterio del propio deudor, solicitar, o no, su declaración de concurso. La moratoria concursal no impide que un deudor insolvente pueda instar el concurso si cree que su empresa no es viable o que la situación de insolvencia ya es irreversible.
Las empresas que son perjudicadas por la insolvencia de otras —los acreedores—, tampoco han visto prosperar en este tiempo su solicitud de entrada en concurso de estas empresas que les están dejando deudas a deber.
La reforma en un esprint a contrarreloj
La reforma de la ley concursal, de la que tanto hemos hablado, vive a contrarreloj pues si en el próximo 30 de junio finaliza la moratoria concursal, es muy probable que muchos autónomos se verán obligados a iniciar concurso de acreedores.
La moratoria está provocando efectos indeseados con los que tal vez no se contó, como la proliferación de empresas inactivas y sobre todo el agravamiento de los casos de insolvencia en tantas pymes y autónomos que en circunstancias normales habrían acudido de una manera temprana —dentro del plazo de dos meses— al concurso. El iniciar un concurso de acreedores, conviene recordar, es una herramienta para intentar reflotar el negocio antes que disolverlo, con el impacto tan positivo que esto tiene para la salud económica del país y el tejido empresarial.
Más de 600 enmiendas en su fase parlamentaria, nos hacen pensar que difícilmente estará lista la reforma antes de julio, viendo que a fechas de esta redacción, mayo ya entra en su fase final, por cierto, con una prisa inusitada por parecerse a junio.
“Cuando la moratoria concursal desaparezca, se producirá un incremento importante en el número de procedimientos concursales. Hay muchos pequeños negocios que están teniendo problemas de liquidez y lo suyo es que haya un incremento sustancial cuando desaparezca la protección de no abrir concurso”
Diego Comendador. presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC)
La transposición de la Directiva Europea 2019/1023 sobre Insolvencia empresarial, tiene —por compromiso con Europa— que estar publicada antes del próximo 27 de julio. Está por ver si se logrará y si realmente es una transposición real o no de la Directiva, cosa que es harina de otro costal.
