Mes: marzo 2023

Casi un 60% de los concursos de acreedores del último trimestre de 2022 fueron concursos sin masa. Es la información que podemos recoger del los datos que hace públicos desde el Colegio Oficial de Registradores de España.

Concursos sin masa

Durante el último tercio del año pasado, se registró un dato preocupante en el ámbito empresarial: casi el 60% de los concursos de acreedores fueron concursos sin masa. Este fenómeno, que ya venía dándose en años anteriores, se ha visto acentuado por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.

Antes de profundizar en las causas y consecuencias de esta situación, es importante entender qué es un concurso de acreedores y qué significa que sea sin masa. En términos generales, un concurso de acreedores es un proceso judicial que se inicia cuando una empresa no puede hacer frente a sus deudas y necesita una solución para poder continuar su actividad. Durante este proceso, se busca un acuerdo entre la empresa y sus acreedores para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad futura de la empresa.

El término «sin masa» hace referencia a aquellos concursos en los que la empresa no cuenta con activos suficientes para hacer frente a sus deudas. En estos casos, no hay posibilidad de reestructuración y se procede a la liquidación de la empresa para poder pagar a los acreedores en la medida de lo posible.

La proliferación de concursos sin masa es un síntoma claro de la crisis económica que estamos viviendo. Muchas empresas se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19 y no han podido resistir la disminución de la actividad económica. La falta de liquidez y la acumulación de deudas ha llevado a muchas empresas a solicitar el concurso de acreedores, pero en muchos casos no hay activos suficientes para liquidar y pagar a los acreedores.

Este fenómeno tiene consecuencias graves tanto para las empresas como para los acreedores. Las empresas afectadas se ven abocadas a la liquidación, lo que significa la pérdida de empleos y activos, así como el fin de una actividad empresarial que podría haber sido viable en condiciones normales. Por otro lado, los acreedores se ven perjudicados al no poder recuperar el dinero que les deben, lo que a su vez puede afectar su propia solvencia.

Evitar los concursos sin masa

Para evitar que esta situación se siga agravando, es necesario tomar medidas a nivel empresarial y político. En primer lugar, las empresas deben ser conscientes de la importancia de la gestión financiera y la planificación a largo plazo para evitar situaciones de insolvencia. Además, es importante que los gobiernos implementen políticas que ayuden a las empresas a sobrevivir en momentos de crisis, como medidas fiscales y financieras que les permitan mantener su actividad y evitar la acumulación de deudas.

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En conclusión, la proliferación de concursos sin masa durante el último tercio del año pasado es una señal de alarma sobre la situación económica actual. Es necesario tomar medidas para evitar que esta tendencia se siga agravando y para proteger tanto a las empresas como a los acreedores afectados por esta situación.

ANEES aboga por la actuación temprana en casos de insolvencia

La actuación temprana en casos de insolvencia puede tener varios beneficios en comparación con el concurso sin masa, tal como defienden desde ANEES, la Asociación Nacional de Entidades Especializadas en Realización de Activos procedentes de la enajenación concursal:

1. Posibilidad de reestructuración: Si se actúa de manera temprana, es posible reestructurar la empresa y establecer un plan de viabilidad que permita evitar el concurso de acreedores. Esto puede implicar la negociación de acuerdos con los acreedores y la implementación de medidas de reorganización interna, como la reducción de costos o la búsqueda de nuevos mercados.
2. Mayor control sobre el proceso: Si se inicia el proceso de insolvencia de manera temprana, la empresa tiene un mayor control sobre el proceso y podría tomar decisiones que sean más favorables para la empresa y sus acreedores.
3. Mejora de la reputación: La actuación temprana en casos de insolvencia puede mejorar la reputación de la empresa, ya que demuestra una actitud proactiva y responsable frente a los acreedores y otros actores del mercado. Esto puede tener un impacto positivo en la percepción de la empresa por parte de sus clientes y proveedores.
4. Protección de los activos: Si se actúa de manera temprana, la empresa puede proteger sus activos y evitar que sean liquidados o en caso de llegar al concurso, contar con ellos como respaldo para dotar de liquidez al proceso.

La actuación temprana en casos de insolvencia empresarial, permite responder con más eficacia al proceso concursal, ayudando a evitar la liquidación Share on X

Las empresas zombie, una de las causas

En los últimos años, ha surgido un fenómeno en España que está preocupando a los expertos económicos y empresariales: las empresas zombies. Estas son empresas que, a pesar de tener un balance negativo y no generar beneficios, seguían funcionando gracias a la financiación bancaria y a la moratoria concursal que les permite evitar el concurso de acreedores. Acabada la moratoria, sale a flotar en la superficie económica su realidad.

La moratoria concursal es un mecanismo que se puso en marcha en España en 2020 para proteger a las empresas que se encontraban en una situación de insolvencia debido a la pandemia de la COVID-19. Este mecanismo permitía a las empresas suspender el pago de sus deudas durante un periodo de tiempo determinado para poder recuperarse. Sin embargo, este periodo ha llegado a su fin y muchas empresas no han podido hacer frente a sus deudas.

El cierre de estas empresas está teniendo graves consecuencias en el mercado laboral y en la economía en general. En primer lugar, el cierre de una empresa supone la pérdida de empleos y, en muchos casos, de puestos de trabajo de calidad. Esto aumenta el número de personas desempleadas y, por tanto, disminuye el poder adquisitivo de la población.

En segundo lugar, el cierre de estas empresas puede afectar a la cadena de suministro de otras empresas que dependen de ellas. Si una empresa proveedora cierra, las empresas que dependen de sus productos o servicios se ven afectadas y pueden tener problemas para continuar con su actividad.

En tercer lugar, el cierre de estas empresas también puede tener un efecto en cadena en el sistema financiero, ya que si una empresa no puede pagar sus deudas, los bancos pueden tener problemas para recuperar su inversión y pueden sufrir pérdidas económicas.

En definitiva, el fenómeno de las empresas zombies y su cierre por falta de liquidez está teniendo graves consecuencias en la economía española. Es necesario tomar medidas para ayudar a las empresas viables a superar esta crisis y evitar que se conviertan en zombies. Al mismo tiempo, también es necesario establecer mecanismos para detectar y cerrar las empresas que no son viables y evitar que sigan funcionando a costa de la financiación bancaria y del empleo.

Foto de encabezado autoría de Alesia Kazantceva en Unsplash

ANEES promueve enmienda de adición al proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del servicio Público de Justicia (121/000097) para el fomento de soluciones alternativas a la subasta judicial electrónica en los procesos de ejecución

Desde hace años, el proceso concursal ha dado lugar al fomento de las ventas y subastas realizadas por Entidades Especializadas, conocedoras del mercado. Esta solución ha ayudado a la descongestión de los órganos judiciales, que se liberan de una parte importante del proceso de ejecución, ha reducido sensiblemente los tiempos de respuesta en el proceso y ha optimizado los resultados de las subastas, con tasas de recuperación hasta un 30% superiores a las de las subastas BOE. 

Estas subastas llegaron a ser las únicas admitidas en derecho durante la pandemia, por su agilidad y nivel de digitalización.

Además, las Entidades Especializadas solo cobran sus honorarios del adquirente, por lo que no suponen ningún gasto adicional ni para el ejecutante ni para el ejecutado, ni aumenta las costas ni los gastos de la ejecución, ya que la Entidad Especializada sólo cobra si hay adjudicatario ; a diferencia de la subasta BOE que implica el abono de una tasa en todo caso.

De hecho, la intervención de Entidad Especializada puede suponer un ahorro para el proceso, pues entre sus funciones, como expertas conocedoras del mercado, puede encontrarse el avalúo actualizado de los activos, evitando el coste y la ralentización del proceso que supone la designación de perito.

La Entidad Especializada puede aportar avalúo actualizado de los activos, evitando el coste y tiempo que supone la designación de perito Share on X

Por estos motivos, ANEES ha planteado una enmienda que propone “exportar” al proceso de ejecución la práctica que tan buenos resultados ha dado en el proceso concursal a la vía de apremio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reafirmando la subsidiariedad de la subasta BOE cuando pueda acudirse al convenio de realización o a la  Entidad Especializada, y recogiendo expresamente que la subasta pueda celebrarse de manera extrajudicial por Entidades Especializadas, aplicando los mismos tipos previstos para la adjudicación en subasta BOE.

ANEES ha iniciado una ronda informativa con los diferentes grupos políticos que conforman la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados Share on X

A tal efecto, ANEES ha iniciado una ronda informativa con los diferentes grupos políticos que conforman la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, eso es, a fin de exportar dicho modelo de éxito en los procesos concursales al resto de ejecuciones singulares, y muy especialmente a las hipotecarias.

ANEES trabaja para convertirse, de manera permanente, estable y reconocida, no sólo en portavoz del colectivo de Entidades Especializadas, sino también en operador activo en la Administración de Justicia Share on X

Por último, quisiera resaltar que ANEES sostiene su objetivo de convertirse de manera permanente, estable y reconocida, no sólo en portavoz del colectivo de Entidades Especializadas, sino también en operador activo en la Administración de Justicia, dotando a los procesos de realización forzosa de la adecuada profesionalidad, seguridad jurídica, agilidad, transparencia, eficiencia y eficacia, algo imprescindible hoy más que nunca.