El adelanto electoral del 23 de julio, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del mal resultado del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas celebradas recientemente, detiene el Plan Justicia 2030, cuya ejecución estaba planificada para una década completa.
En consecuencia, estos tres proyectos de ley fundamentales para el Plan Justicia 2030, actualmente en proceso en el Parlamento (la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Procesal), quedarán sin efecto y perderán vigencia con la finalización anticipada de esta legislatura, acortada en cinco meses por la decisión de Sánchez.
Esto implica que será necesario esperar los resultados de las próximas elecciones para que, en caso de una victoria del PSOE, se pueda retomar la iniciativa y dar luz verde a una nueva versión de estos proyectos desde cero.
Del resultado electoral dependerá retomar la iniciativa ahora pausada, o será un nuevo gobierno quien aborde la necesaria labor de mejorar la eficiencia judicial Clic para tuitearPuede ocurrir que, si el Partido Popular gana las elecciones, adopte esos proyectos como propios, o, por el contrario, opten por otras estrategias diferentes. En consecuencia, serán diferentes leyes las que finalmente se implementarán.
La opción, —de tener nuevo Gobierno—, más sostenida por los especialistas, es que el nuevo ejecutivo, seguramente abordaría la reforma de la eficiencia procesal en sus propios términos, seguramente integrando por anticipado de las enmiendas recibidas sobre el anteproyecto socialista, presentadas por todos los estamentos profesionales implicados, lo que incluye, por supuesto, las enmiendas presentadas en su día por ANEES.
«Desde ANEES, tras reunirnos con los principales grupos, hemos redactado un borrador de enmienda transaccional, totalmente técnica, que viene avalada por personal de los juzgados y otros profesionales del sector, y desprovista de ningún tipo de matiz político, que creemos que podría ser también una solución de consenso aceptable como término medio para todos.»
Álex Munné. Presidente de ANEES
Es importante mencionar que el Ministerio de Justicia ha recibido fondos europeos por un total de 470 millones de euros, distribuidos entre los años 2021 y 2023. Estos fondos se destinan a impulsar la transformación digital del sistema judicial con una asignación de 410 millones de euros, mientras que 60 millones de euros se destinan a la rehabilitación de edificios relacionados con la justicia. Estas inversiones forman parte del objetivo de apoyar el Plan Justicia 2030.
Una reforma necesaria
En España, actualmente existen 3.627 juzgados, cada uno de los cuales cuenta con un juez o magistrado, un letrado de la Administración de Justicia y personal al servicio de la Administración de Justicia.
El objetivo de la transformación organizativa propuesta por este gobierno era establecer 431 tribunales de instancia y la ampliación de la Oficina Judicial con una nueva instancia llamada Oficina de Justicia en los municipios. Nuevas ventanillas de acceso al servicio público que brindarían la oportunidad de acceder a la Justicia en áreas rurales.
La Ley de Eficiencia Procesal también apuntaba al uso de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el ámbito de la Administración de Justicia y al sistema de ejecución de sentencias. Además, se buscaba abordar la adaptación de normas procesales que se han vuelto obsoletas y no están alineadas con el marco legal europeo.
En este sentido, el de las ejecuciones, parecía insuficiente la ejecución de determinadas sentencias, sobre todo en lo que a realización de bienes enajenados afecta, por medios exclusivamente telemáticos. La enajenación de bienes concursales necesita que estos se vendan a buen precio lo antes posible: esto y nada más, es lo que aporta liquidez a las personas o empresas sobreendeudadas. Y a la hora de vender, las Entidades Especializadas cuentan con personal dedicado, que organiza visitas, resuelve dudas, adapta ofertas, encuentra clientes, cuenta con bases de datos segmentadas, etc. En definitiva, profesionaliza la venta. Frente a este valor añadido, la mera publicación en el BOE, palidece. Esto lo explicó muy bien nuestro presidente, Alex Munné, en entrevista recientemente concedida al medio NewsLegal, donde afirma:
El BOE no es un especialista en el mercado, no hace tratamiento de los bienes, no puede organizar visitas, ¿quién compra algo sin verlo?, ni montajes o desmontajes de maquinaria, promoción en redes sociales, etc. Los inversores no son personas que se dediquen a leer el BOE por las mañanas.
Álex Munné. Presidente de ANEES
Todo esto es la diferencia entre un simple portal web y una entidad especializada.
Y es que no todo lo que se digitaliza, mejora. Hay cuestiones que siguen siendo más eficaces cara a cara. La venta de productos y bienes tan complejos, es una de ellas.
